En agosto de 2022, se aprobó una importante reforma del reglamento de extranjería en España. Esta modificación introdujo la posibilidad de que determinados familiares de ciudadanos españoles pudieran solicitar una tarjeta de arraigo familiar, facilitando así la obtención de la residencia en el país. A partir de ese momento, estos familiares podían optar entre dos alternativas: la tradicional tarjeta de familiar comunitario o la recién creada tarjeta de arraigo familiar. Sin embargo, esta reforma ha generado mucha confusión y dificultades en los últimos dos años debido a la coexistencia de dos normativas con requisitos similares pero distintos.
Dos Opciones, Dos Normativas
El principal problema radica en que un mismo caso puede estar regulado por dos normativas diferentes, dependiendo de si se solicita la tarjeta comunitaria o el arraigo familiar. Esto ha llevado a muchos a preguntarse cuál opción es más conveniente en cada situación. En la mayoría de los casos, podría parecer más beneficioso solicitar la tarjeta de arraigo familiar, ya que esta no exige medios económicos ni seguro médico, a diferencia de la tarjeta comunitaria.
Falta de Criterios Unánimes
La ausencia de un criterio unánime entre las distintas oficinas de extranjería ha complicado aún más la situación. No existe una directriz clara sobre cuándo debe solicitarse una tarjeta comunitaria y cuándo un arraigo familiar, lo que ha generado diversas interpretaciones y prácticas en diferentes regiones de España. Este caos normativo debería haber sido resuelto mediante la publicación de una instrucción por parte de la Dirección General de Migraciones, que establecería criterios uniformes para todas las oficinas de extranjería. Sin embargo, esta instrucción se ha retrasado considerablemente.
Retrasos y Reestructuración
En varios eventos y congresos celebrados en España, como el Congreso de Almería y jornadas en Málaga, se anunció que la publicación de esta instrucción era inminente. No obstante, la destitución del entonces Director General de Migraciones, Carlos Mora, y la posterior reestructuración del departamento han pospuesto la emisión de esta directriz. La nueva dirección todavía no ha publicado la instrucción, manteniendo la incertidumbre entre los solicitantes y los profesionales de extranjería.
Consecuencias para los Solicitantes y Profesionales
Este retraso tiene un impacto significativo en las familias y los profesionales del derecho de extranjería. En algunas ciudades, se puede solicitar el arraigo familiar sin mayores problemas, mientras que en otras, se obliga a optar por la tarjeta comunitaria. Esta inconsistencia provoca una inseguridad jurídica que afecta tanto a los familiares de ciudadanos españoles como a los abogados y asesores que gestionan estos procedimientos.
Necesidad de una Instrucción Clara
La necesidad de una instrucción que clarifique cuándo debe solicitarse una u otra tarjeta es urgente. Esta directriz debería haber sido emitida hace dos años, coincidiendo con la aprobación de la reforma del reglamento en agosto de 2022. Aunque se han publicado algunas instrucciones sobre otros aspectos del arraigo, no se ha abordado específicamente la coexistencia de las dos figuras de la tarjeta comunitaria y el arraigo familiar.
El Futuro del Reglamento de Extranjería
Es fundamental que se emita esta instrucción para mitigar la inseguridad jurídica existente. Aunque la publicación del nuevo reglamento de extranjería está en proceso, y se espera que pueda introducir cambios significativos, la coexistencia de la tarjeta comunitaria y la residencia de familiares de españoles (independientemente de cómo se llame en el futuro) requiere directrices claras. Sin una instrucción precisa, la confusión continuará, y los problemas actuales persistirán.
La ciencia jurídica no siempre es exacta, y las situaciones complejas que enfrentan los profesionales del derecho de extranjería lo demuestran claramente. Han pasado dos años desde la reforma del reglamento de extranjería y la necesidad de una instrucción clara y unánime sigue siendo urgente. Esperamos que pronto se publique la instrucción necesaria para clarificar el proceso y permitir que los familiares de ciudadanos españoles puedan gestionar sus solicitudes de residencia de manera más eficiente y menos confusa.
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